Ginebra (CICR) - Se ha registrado un incidente de violencia contra instalaciones o miembros del personal de salud cada semana desde la aprobación, hace dos años, de una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para lograr mayor respeto de la inviolabilidad de la asistencia de salud.
Tan solo esta semana, hombres armados irrumpieron en un hospital de República Centroafricana donde opera un equipo de cirugía del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y amenazaron a pacientes, personal médico y voluntarios de la Cruz roja. Una ambulancia fue detenida y amenazada en la calle.
El abrumador apoyo que consiguió la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU cuando se la aprobó demuestra la convicción generalizada de que las personas, sobre todo en zonas de conflicto, deben poder acceder en forma segura a la atención médica. Lamentablemente, desde mayo de 2016 hasta la fecha, el CICR ha registrado más de 1.200 incidentes de violencia contra instalaciones o miembros del personal de salud en tan solo dieciséis países.
En Afganistán, por ejemplo, el uso de instalaciones de salud por portadores de armas y los ataques contra trabajadores de la salud, incluidas amenazas, secuestros y homicidios, así como la destrucción y el cierre de instalaciones de salud, han limitado el acceso de miles, si no millones, de personas a la asistencia de salud.
"Los ataques contra las instalaciones y el personal de salud son una tragedia doble", dijo el presidente del CICR, Peter Maurer. "En primer lugar, esos ataques causan heridas y amputaciones a las personas que necesitan asistencia de salud y a las que la prestan. Pero también privan a muchísimas personas de recibir ayuda en el futuro y les quitan la esperanza de algún día recuperarse."
La aprobación, el 3 de mayo de 2016, de la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU fue una contundente medida adoptada por la comunidad internacional para abordar los ataques violentos contra la asistencia de salud, pero las promesas de prevenir y mitigar esa violencia deben ser acompañadas de acciones.
1) las fuerzas armadas deben abstenerse de atacar a los civiles y a la infraestructura civil, incluidas las instalaciones, el personal y los vehículos sanitarios
2) se debe levantar los bloqueos que impidan la entrega de insumos médicos necesarios y la evacuación de los heridos y los enfermos
3) se debe investigar los incidentes violentos contra la asistencia de salud y responsabilizar a los autores de ataques que infrinjan el derecho internacional humanitario.
La destrucción de la infraestructura de salud y la interrupción de los servicios médicos han sido particularmente preocupantes en conflictos en Oriente Próximo. Más de la mitad de los hospitales públicos y los centros de salud de Siria están cerrados o funcionan parcialmente. Algunos de ellos han sido afectados por ataques aéreos múltiples. La provisión de insumos médicos en algunas partes del país, así como la evacuación de los heridos y los enfermos, han sido obstaculizadas en forma recurrente.
En Irak, la destrucción de infraestructura civil en las zonas afectadas por las hostilidades más recientes es generalizada. En Salá Al Din, más de la tercera parte de los centros de salud están dañados o destruidos. En Yemen, solo el 45% de la infraestructura de salud del país estaba en funcionamiento a finales de 2017, y la mayoría de los establecimientos no tenían insumos médicos suficientes.
"Incluso la guerra tiene sus normas", dijo el señor Maurer. "Los heridos y los enfermos deben ser protegidos en todas las circunstancias. La violencia que los priva del acceso a la asistencia de salud constituye una infracción del derecho internacional humanitario y, en última instancia, nos vuelve a todos un poco menos humanos."
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Christoph Hanger, CICR, Ginebra: +41 79 574 06 36